Fomentar hábitos saludables en la población es la mejor manera que tienen los gobiernos para garantizar una mejor calidad de vida en los próximos años. El ejercicio físico practicado de forma regular tiene múltiples beneficios para el cuerpo humano, algo que la ciencia ya se ha encargado de corroborar cientos de veces y que, legislado de forma conveniente, puede ayudar no solo a reducir costes en Sanidad; también a mejorar la calidad del aire de las ciudades y los hábitos físicos y alimenticios de generaciones presentes y venideras.
Aunque España no se caracteriza precisamente por ser un país que pueda presumir de leyes que promocionen un estilo de vida más saludable y una alimentación equilibrada, a partir de 2018 las tornas cambian de forma drástica. Andalucía, una de las comunidades autónomas con mayor índice de sobrepeso y obesidad infantil de toda España, ha aprobado un nuevo proyecto de ley que otorga el máximo rango normativo a la lucha contra la obesidad, con medidas tan interesantes como un mínimo de cinco horas efectivas semanales de deporte en los colegios, agua gratuita en establecimientos de restauración y en espacios públicos, menús saludables en colegios y de diferentes tamaños de raciones en bares y restaurantes, y parking para bicicletas en empresas con más de 50 trabajadores.
La ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz tiene como objetivos reducir el índice de obesidad infantil en la comunidad autónoma (según datos de la Junta de Andalucía, un 23% de los menores de 18 años); fomentar un estilo de vida saludable en la población, tanto a nivel físico como nutricional; y promover el transporte ecológico, sobre todo los trayectos al trabajo en bicicleta. Además de las medidas mencionadas anteriormente, el proyecto también contempla el derecho a una atención sanitaria continuada para personas con obesidad o trastornos alimentarios, la formación del profesorado en materias de hábitos saludables, la creación de una base da datos pública con la información nutricional de los alimentos y la limitación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables.
El proyecto de ley de la Junta de Andalucía está basado en las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), dirigidas a la implicación de las administraciones públicas, los sectores empresariales, los medios de comunicación y las empresas de publicidad. Cerca de 250 personas de diferentes colectivos, incluyendo representantes de asociaciones de pacientes, consumidores, y padres y madres de centros escolares, científicos, medios de comunicación y empresarios de diferentes sectores, han participado en la redacción de un texto que ahora deberá ser aprobado en el parlamento para convertirse, si no pasa nada, en ley vigente.
