Competición

La UCI cede a la ITA la gestión de los casos de dopaje para blindar la independencia del ciclismo

Desde el pasado 9 de febrero de 2026, el organismo independiente asumió formalmente estas competencias, completando un proceso iniciado hace años.

La UCI ha dado un paso más en la reorganización de su estructura antidopaje al delegar en la ITA la gestión de resultados y los procedimientos legales relacionados con posibles infracciones y fallos de localización. Desde el pasado 9 de febrero de 2026, el organismo independiente asumió formalmente estas competencias, completando un proceso iniciado hace años.

Logotipo de la UCI. Imagen: UCI
Logotipo de la UCI. Imagen: UCI

La UCI culmina el traspaso de competencias para reforzar la independencia del control antidopaje

La decisión, aprobada por unanimidad por el Comité de Dirección en su reunión de finales de enero en Beveren (Bélgica), implica que la ITA pasa a encargarse de los procedimientos disciplinarios vinculados a controles positivos y a incumplimientos del sistema de localización de deportistas. En la práctica, supone que la federación internacional deja en manos externas no solo la operativa de controles, sino también la fase jurídica posterior.

Este movimiento refuerza la independencia del programa antidopaje en el ciclismo profesional, un objetivo que la UCI lleva años persiguiendo tras las crisis reputacionales que marcaron el pasado del pelotón. La hoja de ruta comenzó en 2008 con la creación de la Cycling Anti-Doping Foundation y continuó en 2013 con la puesta en marcha de su propio servicio jurídico especializado en dopaje. Ahora, esa estructura legal también queda bajo supervisión externa.

En 2021 ya se había producido un giro relevante cuando la UCI transfirió a la ITA las actividades operativas: planificación y ejecución de controles, revisión de autorizaciones de uso terapéutico, seguimiento del pasaporte biológico e investigaciones. Con el nuevo acuerdo, la gestión de resultados de casos de dopaje en ciclismo también sale del organigrama interno federativo.

La ITA cuenta con experiencia en procedimientos similares para más de 60 socios internacionales, entre ellos el Comité Olímpico Internacional y varias federaciones olímpicas. Ese bagaje es uno de los argumentos que sostienen la decisión, en un momento en el que la credibilidad institucional es tan relevante como la eficacia técnica del sistema.

David Lappartient, presidente de la UCI, enmarca la medida dentro de una estrategia prolongada en el tiempo. La delegación de la gestión de resultados representa un paso más en el proceso iniciado para garantizar la independencia y la eficacia de la lucha contra el dopaje, señala. El dirigente francés recordó que desde 2021 el sector ya había comprobado el funcionamiento del modelo externalizado.

Por su parte, Benjamin Cohen, director general de la ITA, destaca el alcance del encargo. El ciclismo cuenta con el programa antidopaje más amplio desarrollado para una federación internacional, afirma, subrayando que el nuevo marco debe traducirse en un sistema independiente y capaz de actuar con rapidez.

A nivel normativo, la ITA aplicará su política de comunicación pública alineada con el Código Mundial Antidopaje. Esto significa que los casos bajo jurisdicción de la UCI se harán públicos siguiendo criterios homogéneos, algo especialmente sensible en el contexto del Código Mundial Antidopaje de la AMA y las exigencias de transparencia que pesan sobre las federaciones internacionales.

Para el pelotón profesional y el conjunto de disciplinas bajo el paraguas de la UCI (desde el Cross Country hasta el Ciclismo en Ruta o el BMX), la medida no altera los controles en sí, pero sí el circuito institucional que determina sanciones y procedimientos. El mensaje es separar al máximo la estructura federativa de las decisiones disciplinarias.

En un deporte que ha trabajado durante más de una década para recuperar confianza, la externalización completa del control antidopaje en competiciones UCI busca blindar la integridad del sistema. El impacto real se medirá a medio plazo, cuando se evalúe si esta arquitectura institucional aporta mayor agilidad y coherencia en la resolución de casos.