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El ministro del Interior plantea un seguro obligatorio para bicicletas y patinetes eléctricos en España

Fernando Grande-Marlaska, a fecha de hoy ministro del Interior del Gobierno de España, se reunió el pasado 25 de octubre con las asociaciones de víctimas de accidente de tráfico a quienes garantizó toda la colaboración para luchar contra la que denominó violencia vial. Tras la reunión, Marlaska comentó a los medios de comunicación los futuros planes del Ministerio del Interior, entre los cuales se plantea la implantación de un seguro obligatorio para bicicletas y patinetes eléctricos.

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Seguro obligatorio para circular en bicicleta o patinete eléctrico en España, una realidad cada vez más probable.

Según explicó el ministro del Interior en la rueda de prensa, los conductores de patinetes eléctricos y bicicletas también pueden "convertirse en victimarios, causando daños serios a terceras personas". Por este motivo, Marlaska plantea una modificación de la ley para exigir un seguro obligatorio a estos vehículos, ya que es "una garantía de que la víctima de cualquier tipo de siniestro causado por estos vehículos también quede perfectamente cubierta".

El ministro del Interior también señaló algunas de las medidas que su Ministerio estudia para mejorar la seguridad vial, entre ellas la reducción de la velocidad en las carreteras convencionales (donde suceden la mayoría de los siniestros con víctimas mortales), la actualización del carné por puntos (para sancionar más duramente las distracciones de los conductores), o la necesidad de modificar el reglamento de circulación para tener en cuenta a los 'nuevos' vehículos que proliferan en las ciudades españolas.

¿Qué entraña un seguro obligatorio para bicicletas y patinetes eléctricos? Nada bueno para el bolsillo del ciudadano. El seguro de un vehículo necesita una matrícula para identificar el medio de transporte asegurado, por lo que también se añade la posibilidad de que se implante la matriculación obligatoria en bicicletas y patinetes. Y con matrícula y seguro, nada impide a los ayuntamientos de turno sacarse de la manga un nuevo impuesto de circulación, un gasto más para un sistema de transporte ecológico que en lugar de ser promovido, va a acabar siendo un lujo solo al alcance de los bolsillos más solventes si continúa por este camino.