La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Palma, que ha rebajado la condena a la conductora que arrolló a un grupo de ciclistas en Capdepera, ha generado una profunda indignación entre la comunidad ciclista y quienes reclaman mayor seguridad en las carreteras españolas. El tribunal ha sustituido la pena de tres años de prisión por una simple multa de 3.000 euros, una decisión que vuelve a poner en evidencia la permisividad de la legislación española ante los atropellos de ciclistas.
Atropellar a un ciclista apenas tiene consecuencias en España
Los hechos son claros: en abril de 2018, la acusada, que ya acumulaba antecedentes por conducir bajo los efectos de drogas, invadió con su vehículo un tramo de la Ma-15, arrollando a ocho ciclistas alemanes que circulaban correctamente. Uno de ellos murió y siete más sufrieron heridas de diversa gravedad. Pese a que la conductora dio positivo en cannabis en el control posterior, el tribunal ha considerado que sus facultades no estaban mermadas, y ha calificado su comportamiento como una ‘desatención’ y no como una imprudencia grave.
El resultado de esta valoración es indignante para cualquier persona comprometida con la seguridad vial: la conductora no entrará en prisión, apenas perderá el carné durante diez meses y queda eximida de indemnizar a los heridos, al considerar la sala que la ley vigente en 2018 no penalizaba las lesiones leves por imprudencia menos grave. Así, la ley española vuelve a demostrar su incapacidad para proteger a los colectivos vulnerables en carretera, dejando desamparados a quienes cada día ponen en riesgo su vida practicando ciclismo.
Este tipo de sentencias refuerzan la percepción de que, en España, atropellar a un ciclista apenas tiene consecuencias si no se demuestra una conducta especialmente temeraria, como el exceso de velocidad o la embriaguez manifiesta. El hecho de circular con ‘absoluta desatención’ y de reincidir en el consumo de drogas al volante apenas acarrea sanciones simbólicas, lo que supone un mensaje devastador para la convivencia en las vías públicas.
La indignación de los afectados y de los colectivos ciclistas es más que comprensible. Mientras la legislación no endurezca las penas para quienes pongan en peligro la vida de los usuarios más vulnerables de la carretera, los atropellos seguirán sin recibir el reproche penal que merecen. Resulta urgente una reforma legal que garantice justicia real para las víctimas y actúe como verdadero elemento disuasorio frente a la imprudencia al volante.